“La prudencia y el comedimiento son rasgos del autor, que se pronuncia sobre la cuestión clásica del fin, los medios y las garantías. La erradicación de los cultivos ilegales en el contexto de la guerra contra el narcotráfico precipitó acciones que dañaron el territorio y a sus gentes. Además de la amapola, la coca y la marihuana, otras plantaciones sufrieron las consecuencias. Uno de los países del mundo más ricos en biodiversidad regado con productos químicos contaminantes y devastadores. Todo por reducir un mercado que no ha parado de crecer, al fallar la reducción de la demanda en sus destinos finales en el norte de América y Europa.
Los juristas hemos de contribuir a la realización de un mundo más sostenible, no sólo en clave humana, sino ecológica. Para ello pueden servirnos las clásicas instituciones del Derecho administrativo: el control del poder, la responsabilidad del Estado, los derechos fundamentales, el equilibrio jurisprudencial. Nuestro compromiso social es obligado en la Universidad. En el Colegio Mayor del Rosario, la primera de las casas de estudio colombianas, así lo cumple el autor de esta obra. Un sosegado padre de familia, feliz y sagrada, trabajando cada día por legar a sus hijos un país más justo y protegido frente a todo daño.”
Córdoba, 2019
Ricardo Rivero Ortega
Rector de la Universidad de Salamanca
Capítulos:
1. El fundamento constitucional y convencional para la construcción de una teoría de responsabilidad estatal por daños causados por las fumigaciones aéreas con glifosato; 2. Régimen jurídico de fumigaciones con glifosato en Colombia; 3. La etapa de la irresponsabilidad del estado colombiano por fumigaciones con glifosato (1993-2011); 4. El reconocimiento de responsabilidad estatal por aspersiones con glifosato en las decisiones del Consejo de Estado (2012-2015); 5. Las recientes sentencias del Consejo de Estado de Colombia sobre utilización aérea del glifosato (2016-2018); 6. Principal jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre aspersiones aéreas de glifosato; 7. Factores de atribución de la responsabilidad: daño antijurídico, agente calificado, título de imputación y relación causal, y 8. Factores de exoneración de la responsabilidad estatal.